SANTO DOMINGO.- Los recursos que el gobierno gestiona con el Fondo Monetario Internacional para mantener el subsidio a la tarifa eléctrica implican una nueva revisión al acuerdo “Stand-By” firmado con ese organismo en el 2009.
Para tales fines, el equipo económico del gobierno prepara “una nueva carta de intención”, cuyas medidas no fueron adelantada por el gobernador del Banco Central, al confirmar la renovación del pacto.
Tras la firma del acuerdo, el Banco Central de la Republica Dominicana informó que en el programa fueron incorporados aspectos estructurales para fortalecer la gobernabilidad y lograr un mejor desempeño del sector eléctrico, y elementos de política social para auxiliar a los más necesitados.
El pacto vigente contemplaba en principio un programa de reformas estructurales, entre ellas mejoras de la administración tributaria y una "drástica reducción y racionalización de las exenciones tributarias".
También prevé reformas del sector de la electricidad, afianzamiento de la supervisión bancaria, implementación de un marco de metas de inflación y una estrategia de desarrollo de los mercados de capital nacionales y de la gestión de la deuda pública.
A la reunión en Turquía asistieron el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, informó el gobierno dominicano.
El gobierno motivó este pacto con el compromiso de "salvaguardar los avances logrados en los últimos años, y dadas las condiciones externas desfavorables, la gran incertidumbre y las importantes necesidades de balanza de pagos, las autoridades solicitan la aprobación de un Acuerdo Stand-By por un período de 28 meses por un monto equivalente al 500% de la cuota (DEG 1.094,5 millones)".
Indicó que los objetivos del programa son los siguientes: primero, aplicar políticas anticíclicas al principio del proyecto (incluido el último trimestre de 2009 y el primer semestre de 2010) para mitigar la drástica desaceleración económica; y segundo, implementar medidas para resolver los problemas de deuda y de sostenibilidad fiscal en una etapa posterior del programa (a partir de mediados de 2010), poniendo en marcha al mismo tiempo un ambicioso plan de reformas estructurales.
Para tales fines, el equipo económico del gobierno prepara “una nueva carta de intención”, cuyas medidas no fueron adelantada por el gobernador del Banco Central, al confirmar la renovación del pacto.
Tras la firma del acuerdo, el Banco Central de la Republica Dominicana informó que en el programa fueron incorporados aspectos estructurales para fortalecer la gobernabilidad y lograr un mejor desempeño del sector eléctrico, y elementos de política social para auxiliar a los más necesitados.
El pacto vigente contemplaba en principio un programa de reformas estructurales, entre ellas mejoras de la administración tributaria y una "drástica reducción y racionalización de las exenciones tributarias".
También prevé reformas del sector de la electricidad, afianzamiento de la supervisión bancaria, implementación de un marco de metas de inflación y una estrategia de desarrollo de los mercados de capital nacionales y de la gestión de la deuda pública.
A la reunión en Turquía asistieron el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, informó el gobierno dominicano.
El gobierno motivó este pacto con el compromiso de "salvaguardar los avances logrados en los últimos años, y dadas las condiciones externas desfavorables, la gran incertidumbre y las importantes necesidades de balanza de pagos, las autoridades solicitan la aprobación de un Acuerdo Stand-By por un período de 28 meses por un monto equivalente al 500% de la cuota (DEG 1.094,5 millones)".
Indicó que los objetivos del programa son los siguientes: primero, aplicar políticas anticíclicas al principio del proyecto (incluido el último trimestre de 2009 y el primer semestre de 2010) para mitigar la drástica desaceleración económica; y segundo, implementar medidas para resolver los problemas de deuda y de sostenibilidad fiscal en una etapa posterior del programa (a partir de mediados de 2010), poniendo en marcha al mismo tiempo un ambicioso plan de reformas estructurales.
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