Tribunal fija para el jueves recurso busca se apruebe el 4% para la Educación

PIDEN CONDENAR AL CONGRESO AL PAGO DE RD$10 MILLONES DIARIOS

Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo

La presidencia del Tribunal Superior Administrativo fijó para este jueves el conomicimiento de un recurso de amparo, a fin de que se le dé cumplimiento al derecho constitucional a la educación con la inversión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el Presupuesto y Ley de Gastos de 2011.

La magistrada Sara Henriquez Mariñez fijó para las nueve de la mañana el recurso presentado por los abogados Juan Manuel Pellerano Gómez, Luis Miguel Rivas, Elizabeth Mateo Pérez, Luis Rafael Pellerano Cabral, Federico Ortiz Galarza y Mildred Abreu Hernández.

La instancia fue elevada por a nombre y representación de la Coalición Educación Digna, conformada por 165 organizaciones de la sociedad civil junto a 1,265 ciudadanos y ciudadanas.

En la instancia los juristas pidieron al tribunal condenar al Senado y la Cámara de Diputados de manera solidaria al pago de una indemnización diaria de 10 millones de pesos a favor de los accionantes en amparo por cada día de retardo en la ejecución de la decisión a intervenir.

Asimismo, solicitaron a los jueces del Tribunal Superior Administrativo ordenar al Senado y la Cámara de Diputados aprobar la ley de Presupuesto General del Estado 2011 antes del 31 de diciembre del 2010, ya que de lo contrario la misma seguirá vigente.

El abotago Pellerano Gómez dijo que la Republica Dominicana es una estado social democrático de derechos establecido así en la Carta Magna, y el Congreso estaría violentando la misma esencia del Estado si no cumple con la garantía de los derechos fundamentales en el caso la Educación.

Mateo Pérez, vocera de la Coalición Educación Digna sostiene que la acción de amparo se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana, de la que nadie está exento y que todos tienen que cumplir por lo que espera que el tribunal acoga dicha pedimento.

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Pelegrín Castillo rechaza uso de textos integrados

Santo Domingo

El candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, rechazó la utilización de los textos integrados que pretende implementar el Ministerio de Educación, por considerar que estos promueven contenidos que son contrarios al interés y la identidad nacional, y eliminan la enseñanza formal de la lengua española.

Castillo se refirió concretamente a las menciones que aparecen en el compendio correspondiente al segundo grado, donde según explicó se impulsa un enfoque de nacionalidad que es contrario a la Constitución de la República.

El también diputado del Distrito Nacional criticó la idea contenida en el nuevo texto que acepta que la familia tenga como base la relación de dos personas adultas y no de un hombre y una mujer “que es el modelo que hay en la sociedad dominicana”.

“Evidentemente, en forma muy sutil se está sentando las bases del enfoque que es el que está promoviendo en otros países del continente, incluso a nivel constitucional, para permitir familias integradas por personas de un mismo sexo”, agregó.

El primer vicepresidente de la FNP cuestionó la forma en que se aprobó el uso de los textos integrados por entender que no se siguió el procedimiento debido y se excluyó a sectores que tienen mucho que aportar a ese tema, situación a la que atribuyó las reacciones que se han suscitado.

“Particularmente entiendo que lo que acaba de pasar es grave, porque una decisión como la que se tomó, no debió adoptarse sin respetarse el mandato de la Constitución, el mandato de las leyes, de la República, en este caso específico, sin convocar el Consejo Nacional de Educación para una discusión amplia, abierta, plural”, sostuvo.

El legislador lamentó que ese hecho suceda precisamente cuando se está luchando por el aumento de las asignaciones al sistema educativo dominicano, porque opina que ese tipo de actuaciones genera desconfianza sobre la pertinencia de poner más recursos en manos de autoridades que están dispuestas a deshacer las bases de una educación con sentido nacional.

Pelegrín Castillo instó a que se investigue la versión de que la aprobación del nuevo texto fue el resultado de acuerdos con organismos internacionales que estuvieron dispuestos a financiar el proyecto a condición de que una institución mexicana fuera la que dirigiera con esos enfoques la reformulación de los contenidos de la enseñanza en el país.